El problema de la dictadura lingüística en Cataluña, como
lo denominan muchos críticos, no ha hecho más que intensificarse en los últimos
años. Lejos de remitir, las políticas que priorizan el catalán en la esfera
pública —especialmente en la educación y el comercio— han generado un aumento
notable de inspecciones, denuncias y sanciones. En 2024, la Generalitat impuso
multas lingüísticas a 206 negocios por no usar el catalán en rotulación,
atención al público o documentación, recaudando más de 409.000 euros en total.
En el período entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, se realizaron 701
inspecciones específicas en comercios, detectando cientos de incumplimientos y
abriendo más de 200 expedientes sancionadores, con multas que pueden llegar
hasta los 10.000 euros (o más en casos de reincidencia).
En el ámbito educativo, los tribunales han mantenido la
obligación de impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en
determinados centros, pese a intentos de la Generalitat por blindar el modelo
de inmersión lingüística con decretos que priorizan el catalán como lengua
vehicular habitual. Sentencias recientes del TSJC (como en 2025) han anulado
partes de normativas autonómicas por generar desequilibrios y no garantizar una
presencia razonable del castellano, aunque el Govern defiende el modelo como
esencial para la protección de la lengua propia.
Ante esta imposición restrictiva de la libertad
lingüística —donde no se permite elegir libremente el idioma en el ámbito
privado o comercial sin riesgo de sanción—, surge una respuesta basada en la
creatividad y el ingenio, en lugar de la confrontación directa.
Se trata de buscar soluciones imaginativas para sortear
estas obligaciones sin incumplirlas literalmente, inspiradas en cómo,
históricamente, la censura o la rigidez política ha estimulado la inventiva
humana (como ocurrió con el cine español bajo el franquismo, donde directores
como Berlanga o Saura decían sin decir, usando dobles sentidos para evadir
controles).
La propuesta estrella es el comercio numérico: eliminar por completo las palabras de los
rótulos y sustituirlas por números, símbolos y dibujos. ¿Por qué escribir
“oferta” o “lácteos” en catalán (o en cualquier idioma) si se puede indicar un
-40%, tachar el precio antiguo para mostrar el rebajado, usar el icono de una
hucha para ahorro, hojas de calendario para “últimos días” o el dibujo de una
vaca o un cántaro para la sección de lácteos? Con los precios bien visibles y
claros, cualquier cliente —sea catalán, castellano hablante, turista turco o
finlandés— entiende la información esencial. El inspector lingüístico entraría
y no encontraría ni una sola palabra que sancionar, mientras el negocio sigue
funcionando con normalidad. Al fin y al cabo, lo que importa al comerciante es
vender, no complacer a un funcionario con el rótulo perfecto.
Yendo un paso más allá, encontramos lo que podría
definirse como comercio mudo, ideal
para sortear también la obligación de atender en catalán (o en el idioma
impuesto) en transacciones sencillas. Basta con guiarse por gestos, manos,
números y la expresividad natural —como hacemos todos cuando compramos en
Egipto, en un pueblo remoto de Croacia o en cualquier lugar donde no hay idioma
común—. Para blindarlo legalmente y con humor, el establecimiento colocaría
carteles multilingües (en 10 o 12 idiomas) con un texto del estilo: “En este
establecimiento respetamos el derecho al silencio y la tranquilidad del barrio,
por lo que nos abstenemos de hablar con nuestros clientes. Los precios están
claramente indicados. Si desea preguntar algo, hágalo de forma que la respuesta
sea ‘sí’ o ‘no’, y responderemos con un gesto. Gracias por colaborar en
mantener la paz acústica.”
De esta forma, el dependiente evita verse forzado a usar
un idioma que no desea (o que no quiere que le impongan). Y si se quiere ser
más radical aún y encima más solidario, hay un paso más: contratar a personas
sordomudas como personal de atención al cliente. No solo se genera empleo
inclusivo para personas perfectamente capacitadas, sino que ningún inspector
podría exigirles verbalizar nada en catalán (ni en ningún otro idioma).
En resumen, frente a regulaciones excesivas y contrarias a
la libertad individual —donde cada uno debería poder hablar (o callar) en el
idioma que prefiera, cuando lo prefiera—, la imaginación se convierte en la
mejor arma. El comercio numérico y
el comercio mudo no son solo bromas
satíricas: son formas creativas de resistencia pacífica, recordándonos que,
ante la rigidez dictatorial, la inventiva humana siempre encuentra resquicios.
Porque, como decía el refrán adaptado: Frente a la represión... ¡imaginación al
poder!
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