Cuando se confunde el cargo y la persona

El fenómeno de confundir el cargo con la persona se ha convertido en uno de los vicios más recurrentes en la alta dirección de instituciones públicas, organizaciones y empresas. Este "pecado del personalismo" ocurre cuando los máximos representantes —presidentes, directores, portavoces o líderes— utilizan su posición para proyectar opiniones estrictamente personales como si fueran el sentir mayoritario del colectivo que representan.
 
En teoría, el rol de un dirigente es actuar como portavoz fiel de los intereses, valores y consensos del grupo: un gobierno defiende las políticas acordadas por su ejecutivo o partido; un presidente de entidad representa las decisiones de su junta o asamblea; un CEO habla en nombre de la estrategia corporativa aprobada. Sin embargo, la realidad muestra con frecuencia cómo se difumina esa línea. Cuando las opiniones personales coinciden con las institucionales, el problema pasa desapercibido. El conflicto surge cuando divergen —o incluso se oponen— y el líder impone su visión particular como la oficial, erosionando la legitimidad del cargo y generando confusión en la opinión pública.
 
Este personalismo no es nuevo, pero en contextos de alta polarización política y mediática en España se ha intensificado. Ejemplos abundan en la arena pública: presidentes autonómicos o nacionales que, en ruedas de prensa o entrevistas, deslizan juicios personales sobre rivales políticos, familiares o incluso sobre asuntos de Estado, presentándolos como posturas institucionales. En algunos casos, se ha criticado cómo ciertos líderes han priorizado su imagen o narrativa personal por encima del consenso colectivo, lo que genera acusaciones de hiperliderazgo o deriva populista.
 
En el ámbito empresarial o asociativo también se ve: directivos que convierten comunicados corporativos en plataformas para sus convicciones ideológicas o privadas, alienando a accionistas, empleados o socios.
 
Las consecuencias son claras. Por un lado, se debilita la institución misma: pierde credibilidad cuando se percibe como extensión de una sola persona en lugar de un ente colectivo. Por otro, se fomenta la desconfianza ciudadana hacia las estructuras representativas, alimentando cinismo y apatía. Y, en el peor escenario, se abren grietas internas: disidencias, dimisiones o fracturas cuando miembros del colectivo sienten que su voz no es representada.
 
La solución pasa por una disciplina comunicativa que muchas veces brilla por su ausencia. Expertas agencias de comunicación en España ofrecen cursos acelerados de portavocía y media training precisamente para esto: enseñar a estructurar mensajes clave, diferenciar lo personal de lo institucional, manejar entrevistas hostiles y proyectar presencia sin perder el control del relato. Estos entrenamientos —impartidos por periodistas senior o consultores especializados— incluyen simulacros con cámara, técnicas de bridging (puentear preguntas incómodas hacia el mensaje oficial) y análisis de lenguaje no verbal. El objetivo no es censurar opiniones personales, sino aprender a separarlas claramente.
 
Un buen portavoz puede —y debe— expresar su punto de vista privado cuando sea pertinente, pero siempre con transparencia: “En lo personal creo que… Sin embargo, como presidente de esta institución, defiendo y trabajaré por la posición mayoritaria, que es…”. Esta distinción protege tanto al individuo (que conserva su libertad de expresión) como al colectivo (que no ve secuestrado su representación). Si un dirigente no es capaz de defender los intereses representados porque choca frontalmente con sus convicciones particulares, la coherencia ética apunta a una salida: dimitir. Dejar el cargo para hablar como ciudadano libre, sin arrastrar a la institución.
 
Por desgracia, esa dimisión por coherencia sigue siendo más utopía que norma. En un ecosistema donde la visibilidad personal se traduce en poder y relevancia, muchos prefieren aferrarse al espejo de su propia imagen antes que ceder el timón. Mientras tanto, las instituciones pagan el precio: se personalizan, se debilitan y, en última instancia, pierden su esencia representativa.
 
Urge recuperar la humildad institucional. Los cargos no son propiedad privada; son herramientas temporales al servicio de un bien común. Confundir uno con lo otro no solo es un error de comunicación, sino un fallo ético y democrático que, si no se corrige, erosiona poco a poco la confianza en todo el sistema. Y así nos va.
 

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