El aborto: una cuestión moral por encima de las etiquetas políticas

Un tema recurrente en el debate público sigue siendo el aborto, que rara vez se aborda desde la independencia y sí, con frecuencia, desde la manipulación para utilizarlo como herramienta de ataque a los adversarios.
 
Lo primero que cabría señalar es que el aborto no es ningún derecho. Sí lo es el “derecho a la vida”; también se puede exigir el “derecho a la propia muerte” en ciertos contextos éticos y legales; pero no parece razonable pedir “el derecho de matar a otro”. Ese derecho se lo arrogan todos los Gobiernos cuando deciden participar en guerras; también se lo arrogan las dictaduras para “eliminar” a la resistencia; y en algunos lugares, incluso las democracias que mantienen la pena de muerte.
 
Defender o atacar el aborto no es de derechas ni de izquierdas, no es de religión ni de agnosticismo; es simplemente una cuestión moral que trasciende cualquier etiqueta que quieran ponerle.
 
Por mi parte, ofreceré a continuación algunas reflexiones.
 
Precisamente en el marco de la defensa de los pacientes, si hay alguien a quien debemos prestar una atención especial es a aquellos que, por la gravedad de su enfermedad, por su edad o por su menor capacidad de autonomía o discernimiento, no tienen posibilidad de hacer oír su voz y hacer valer sus derechos. Sobre estos —los que aún no han traspasado la barrera de su nacimiento o los que se encuentran al final de su vida— se centra un debate social en el que otros quieren decidir por ellos. Llamar al aborto “interrupción voluntaria del embarazo” es, en muchos casos, un eufemismo que sirve para anestesiar conciencias.
 
Comencemos por el inicio de la vida, que es el momento de la unión del óvulo y el espermatozoide. A partir de ese instante se inicia el camino de una vida humana, un camino al que se pretende poner plazos arbitrarios para poder cortarlo a nuestro antojo, sin conceder a ese ser vivo ningún derecho. Con la fecundación comienza la aventura de una vida humana, cuyas principales capacidades requieren tiempo para desarrollarse y poder actuar.
 
No entraremos aquí en el debate sobre en qué momento exacto se pretende considerar al nuevo ser con derecho a la vida: si a las 14 semanas (plazo libre actual en España), a las 22 o incluso desde el nacimiento.
 
Hay quienes argumentan que la futura madre tiene derecho a decidir porque ese nuevo ser depende de ella. Pero la dependencia no equivale a ser parte del organismo materno. Tampoco después de nacer puede un niño vivir independientemente de la madre o de cuidados apropiados.
 
Otros sostienen que el embrión solo es humano cuando tiene actividad eléctrica cerebral, señalando que el electroencefalograma es plano hasta alrededor de la octava semana. Pero ¿significa eso que no es vida humana? El desarrollo del cerebro es muy lento: la actividad eléctrica comienza a detectarse hacia los 43 días, y ni siquiera el niño recién nacido tiene completado su sistema nervioso ni la formación neuronal. Solo hacia los seis años puede considerarse anatómicamente acabado el cerebro. ¿Dónde está, pues, esa frontera precisa para conceder derechos como a cualquier ser humano?
 
Se está promocionando y vendiendo el “derecho al aborto” como si fuera un método anticonceptivo más. Mayor aberración no cabe. Los anticonceptivos sirven para evitar la fecundación; el aborto no la evita. Alentando el aborto se desincentiva el uso responsable de anticonceptivos, derivando casos hacia clínicas que se benefician económicamente. Se utiliza a las mujeres como mercancía para beneficio de unos pocos.
 
El aborto es una decisión traumática (si se tiene un mínimo de conciencia) y conlleva riesgos sanitarios. Es consecuencia de un embarazo no deseado al que, en muchos casos, no tendría que haberse llegado, gracias a una educación sexual adecuada y al uso de métodos anticonceptivos.
 
Solo considerado como último recurso, cuando todo lo anterior ha fracasado, no creo que deba penalizarse a la madre que decide recurrir a él. Pero de ahí a promocionarlo y normalizarlo como opción rutinaria, hay un abismo.
 
Es imprescindible ofrecer a las mujeres que consideran abortar una información completa, objetiva y equilibrada sobre todos los supuestos y posibilidades. Hoy, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, más del 94 % de los abortos se justifican por “decisión voluntaria de la mujer”, mientras que solo un pequeño porcentaje responde a riesgos graves para la salud. Sin embargo, un estudio longitudinal de 30 años publicado en el British Journal of Psychiatry (Fergusson et al., 2008) concluyó que no hay evidencia de que el aborto reduzca los riesgos de salud mental en mujeres con embarazos no deseados; por el contrario, sugirió un posible pequeño aumento en ciertos trastornos.
 
También debería ser obligatorio un período de reflexión para que la mujer pueda asimilar, madurar y decidir con serenidad. Y, finalmente, habría que ofrecer ayudas sociales reales en caso de que decida continuar con el embarazo. Unas ayudas que, en demasiados casos, siguen brillando por su ausencia o son insuficientes.
 
En último término, habría que facilitar dar al hijo en adopción cuando la madre lo desee. Miles de familias españolas estarían dispuestas a acogerlos con cariño, pero los procedimientos legales siguen siendo complejos y largos (a menudo de varios años), lo que desanima a muchas. La adopción nacional e internacional sigue siendo un calvario burocrático para las parejas que desean adoptar.
 
Las medidas legislativas actuales —con la ley de plazos que permite la interrupción libre hasta las 14 semanas, y hasta las 22 en ciertos supuestos— dejan cada vez más desprotegida la vida de los inocentes. El ambiente general que se ofrece a través de numerosos medios de comunicación induce a pensar que el aborto es algo que debe entrar en la normalidad social. No solo habría que revisar la legislación actual, sino impedir que derive hacia posiciones aún más permisivas.
 
Decía Julián Marías que “la aceptación social del aborto es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en el siglo XX”. Y hoy, en pleno siglo XXI, la cifra sigue siendo elocuente: en 2024 se registraron en España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, según datos del Ministerio de Sanidad, con una tasa de 12,36 por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Cada año se pierden decenas de miles de vidas humanas en desarrollo. Se habla de “derecho” y, sin embargo, se está aplastando el primero y más fundamental de todos: el derecho a la vida.
 

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