Formación médica continuada: ¿filantropía o estrategia inteligente?

En un congreso de la profesión médica se dedicó una mesa redonda a la formación continuada. La conclusión fue unánime: la formación no debe ser impuesta por los empleadores, sino elegida libremente por cada médico, que es quien mejor sabe qué necesita actualizar. Hubo también consenso en que el apoyo de la industria farmacéutica a esta formación ha sido y sigue siendo muy positivo, siempre que no intervenga en los contenidos, para evitar cualquier sesgo comercial.
 
Hasta aquí, todo lógico y correcto. Pero surge una pregunta incómoda: si los laboratorios son empresas con fines de lucro y no pueden dirigir el dinero invertido hacia sus intereses comerciales, ¿para qué lo gastan?
 
La realidad muestra que los médicos siguen solicitando ese apoyo y que la industria acepta que sean los propios profesionales —a menudo a través de las sociedades científicas— quienes decidan los contenidos. ¿Estamos ante una contradicción? ¿Mentira o ingenuidad?
 
Ni una cosa ni la otra. La explicación es mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más honesta de lo que suele reconocerse públicamente. Los laboratorios presentan su contribución como un gesto de “compromiso social”, casi como si fueran organizaciones no gubernamentales. Pocas personas se lo creen del todo. ¿No sería más creíble y transparente decir la verdad sin rodeos?
 
La verdad es la siguiente: las compañías farmacéuticas financian cursos, congresos y actividades formativas cuyos contenidos son elegidos por los médicos y sociedades científicas, sin que el programa esté orientado a ensalzar un producto concreto. Lo hacen porque, gracias a ese patrocinio, sus visitadores médicos (o delegados) pueden acceder más fácilmente a los profesionales. En los prolegómenos, los descansos o las reuniones logísticas previas, surge la oportunidad natural de hablar de las novedades de sus medicamentos, de sus características, estudios y ventajas diferenciales. Esa información, que nadie conoce mejor que el propio laboratorio, llega así al médico para que pueda prescribir con mayor conocimiento.
 
Es así de simple. Ante las trabas crecientes a la visita médica tradicional —limitaciones de tiempo, restricciones hospitalarias y administrativas—, la industria ha tenido que buscar caminos alternativos para cumplir su función esencial: informar puntualmente sobre los avances en medicamentos, tanto nuevos como ya establecidos en el mercado.
 
Quien conozca el sector desde dentro sabe que cualquier empresa que patrocina algo es lógico que exija ver en qué se invierte su dinero. Las sociedades científicas diseñan los programas, los laboratorios los pagan y, como contrapartida razonable, obtienen una mayor facilidad de acceso a los médicos. El curso en sí permanece “aséptico” desde el punto de vista comercial. Otra cosa es cuando un laboratorio organiza directamente un evento: entonces los contenidos sí se centran en sus productos y los ponentes destacan sus ventajas, lo cual es perfectamente legítimo.
 
La realidad observada suele ser incluso la inversa de la imagen de “filantropía”: los laboratorios pagan cursos, libros, publicaciones o acciones, y son las sociedades científicas las que se llevan la mayor parte del mérito público. La presencia del patrocinador se reduce frecuentemente a un discreto logotipo en la contraportada, una oportunidad de visita y el agradecimiento de los organizadores. Cientos de libros financiados por la industria llegan a manos de los médicos con apenas una mención mínima al financiador.
 
Según los datos publicados por Farmaindustria correspondientes a 2023, la industria destinó 232 millones de euros a apoyar la formación continuada de profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y enfermeros). De esa cantidad, 128 millones fueron para organizaciones sanitarias que organizan congresos y reuniones, y 104 millones en ayudas directas a profesionales para facilitar su participación. En 2024 las cifras se mantuvieron en niveles similares, rondando los 242 millones solo en formación. Todo ello dentro del marco del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria, que establece normas estrictas para garantizar la independencia de los contenidos y evitar que el patrocinio se convierta en un incentivo indebido para la prescripción.
 
Nadie niega que esta colaboración sea beneficiosa: actualiza conocimientos, mejora la calidad asistencial y, en último término, beneficia a los pacientes. Pero pretender presentarla como un acto de pura generosidad desinteresada es, cuando menos, incompleto. Sería mucho más saludable para todos —profesionales, industria y sociedad— reconocer abiertamente la naturaleza mutuamente beneficiosa de esta relación: los médicos obtienen formación de calidad y acceso a información actualizada; las sociedades científicas, recursos para organizar actividades; y los laboratorios, canales legítimos y eficientes para informar sobre sus productos.
 
La formación médica continuada necesita más financiación pública independiente, sin duda. Mientras tanto, mientras el sistema dependa en gran medida del patrocinio privado, la honestidad intelectual exige llamar a las cosas por su nombre: no es filantropía ficción, sino una alianza práctica entre dos sectores que, cada uno desde su rol, contribuyen al avance del conocimiento médico.
 
La transparencia ya existe en buena medida gracias a la publicación anual de las “transferencias de valor”. Quizá el siguiente paso sea hablar con mayor claridad sobre los motivos reales de esa colaboración. Solo así se evitarán sospechas innecesarias y se fortalecerá la confianza en todo el sistema. Esta es la verdad que no se quiere reconocer cuando se habla del patrocinio de la industria farmacéutica.
 

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