Una Sanidad de dos velocidades

Hace décadas, el médico era recibido con el respeto del “señor Doctor”. Hoy, esa figura ha sido sustituida por un profesional exhausto, atrapado entre promesas políticas incumplidas y una demanda asistencial que crece sin control. Los ciudadanos, convertidos en “clientes” de un sistema saturado, llegan a la consulta exigiendo soluciones rápidas, pruebas innecesarias o tratamientos que han visto publicitados o prometidos en campañas electorales. El médico, por su parte, acumula agendas interminables, guardias extenuantes de hasta 24 horas —un modelo ya cuestionado por su impacto en la seguridad del paciente y el bienestar profesional— y salarios que, pese a incluir complementos, no compensan la sobrecarga ni la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde hace años.
 
España invierte recursos públicos en formar a miles de médicos cada año a través del sistema MIR, pero muchos terminan abandonando la sanidad pública: bien hacia el sector privado (donde las condiciones son más atractivas), bien al extranjero (aunque los datos recientes de la Organización Médica Colegial indican que no existe una “fuga masiva”, sí hay un goteo constante motivado por precariedad laboral y falta de perspectivas). Al mismo tiempo, el Sistema Nacional de Salud recurre a la incorporación de profesionales formados fuera de nuestras fronteras. Se agilizan convalidaciones de títulos —a veces con exigencias lingüísticas mínimas o insuficientes controles de competencia—, lo que permite cubrir plazas, pero genera dudas razonables sobre la homogeneidad en la calidad asistencial y la fluidez comunicativa, especialmente en especialidades donde la relación médico-paciente es clave.
 
El resultado es un sistema que prioriza la cantidad sobre la calidad: más consultas, más recetas —a menudo de genéricos obsoletos o de menor eficacia comparada con innovaciones recientes—, pero menos tiempo para escuchar, diagnosticar con precisión o investigar. Mientras, los avances terapéuticos más efectivos quedan reservados, en muchos casos, a quienes pueden pagarlos en la sanidad privada. Se consolida así una medicina de dos velocidades: una de alta calidad y acceso rápido para quienes tienen recursos o seguros complementarios, y otra masificada, con listas de espera que superan los 800.000 pacientes pendientes de cirugía y más de cuatro millones aguardando consulta especializada (datos del Ministerio de Sanidad a mitad de 2025), para el resto de la población.
 
Y en medio de este panorama, los responsables políticos —que diseñan y financian el sistema— suelen optar por la privada cuando ellos o sus familias requieren atención urgente o especializada. Es el clásico privilegio de quien gestiona desde fuera: defender en público un modelo universal mientras se beneficia en privado de sus carencias.
 
No se trata de demonizar a los médicos extranjeros ni de idealizar un pasado. Muchos profesionales llegados de otros países aportan valor y cubren necesidades reales. El problema radica en la falta de planificación a largo plazo: insuficiente inversión sostenida, no ajuste de plazas MIR a las jubilaciones masivas que se avecinan (el 25 % de los médicos se jubilará en la próxima década), persistencia de guardias maratonianas y ausencia de un pacto de Estado que dignifique la profesión y garantice equidad real en el acceso a la atención.
 
Si no se corrige esta deriva, la sanidad pública —uno de los pilares más valorados del Estado del bienestar español— perderá la confianza ciudadana que aún conserva. Y con ella, su esencia: ser un derecho universal, no un servicio de segunda categoría para quienes no pueden permitirse otra cosa.
 

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