La presunción de inocencia selectiva: cuando “presunto” solo vale para los propios

En España, la presunción de inocencia no es un principio constitucional inquebrantable, sino un recurso retórico que se activa o desactiva según el color político del investigado. Lo que debería ser una garantía universal —artículo 24.2 de la Constitución Española— se ha convertido en un arma de doble filo manejada con cinismo por políticos y medios afines.
 
Cuando las pesquisas judiciales tocan a figuras del bando contrario, la presunción de inocencia desaparece del vocabulario periodístico casi por completo. Basta con una denuncia, un informe policial o una filtración interesada para que el titular pase directamente a acusar: “Tal político cobra mordidas”, “La presidenta regional trama su red clientelar”, “Tal diputado oculta fortunas en paraísos fiscales”. No hay “presunto”, no hay “investigado”, no hay cautela. La sentencia mediática se dicta en portada y se refuerza en tertulias y redes durante meses o años, mucho antes de que un juez pueda pronunciarse. La opinión pública, alimentada por esa narrativa, condena sin juicio y destroza reputaciones, familias y carreras profesionales.
 
Sin embargo, cuando el foco se gira hacia los propios —o hacia aliados circunstanciales—, el lenguaje cambia radicalmente. De pronto, reaparece el “presunto” como escudo sagrado. “Presunto caso de corrupción”, “presunto cobro de comisiones”, “presunto amaño de contratos”. Cualquier avance judicial se minimiza con expresiones como “no hay pruebas concluyentes”, “se trata de una persecución política” o “respetemos la presunción de inocencia”. Los mismos que ayer exigían cabezas por indicios leves, hoy claman al cielo si se menciona el nombre de un compañero sin sentencia firme. La hipocresía es tan evidente que roza lo caricaturesco.
 
Este doble rasero no es casual ni nuevo. Durante décadas hemos visto cómo los grandes bloques políticos —y sus ecosistemas mediáticos— aplican la presunción de inocencia como un paraguas selectivo. Para los suyos, es un derecho fundamental que debe protegerse hasta la extenuación; para los contrarios, un estorbo que se ignora en aras de la “verdad periodística” o la “necesidad de transparencia”. El resultado es el mismo: juicios paralelos que arruinan vidas cuando conviene y absoluciones mediáticas preventivas cuando toca defender al equipo.
 
Recordemos algunos patrones repetidos: cuando un caso salpica al adversario, se publican audios, se filtran sumarios y se especula sin pudor sobre culpabilidades evidentes “a ojos de cualquiera”. Cuando toca al propio bando, se apela a la “prudencia”, al “respeto a los tiempos judiciales” y a la sacralidad de la presunción de inocencia. Y si, finalmente, llega una sentencia absolutoria para quienes fueron machacados durante años, rara vez se ve una rectificación equivalente en titulares del mismo tamaño. La dignidad robada no se devuelve con la misma intensidad con la que se arrebató.
 
Esta instrumentalización del lenguaje y de los principios no solo degrada el periodismo, sino que erosiona la confianza en la justicia y en la democracia misma. Porque si la presunción de inocencia es un derecho humano fundamental, no puede ser un privilegio reservado a los que tienen altavoces afines o partidos poderosos detrás.
 
A los que manejan el “presunto” como un interruptor según la conveniencia política y mediática, cabría bautizarlos —con el cariño que merece el oficio cuando se ejerce con honestidad— como “presuntos periodistas”. Porque el periodismo digno no elige cuándo aplicar la Constitución: la aplica siempre, o deja de ser periodismo.
 
Hasta que no se entienda esto, seguiremos asistiendo al mismo espectáculo: la presunción de inocencia solo vale para los suyos. Y para los demás, la condena ya está escrita antes de que el juez levante el martillo.
 

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