Hay muchos periodistas que invocan la “imparcialidad” cuando
en realidad practican la in-parcialidad: es decir, consideran que estar a la
última (ser muy “in”) consiste precisamente en ser descaradamente parcial.
Es fácil reconocer el patrón: abordan cualquier tema con
una proclama inicial cargada de certeza moral, se presentan como portavoces de
“la verdad” (que siempre coincide con la suya) y, para dar apariencia de rigor,
citan a continuación a una serie de “expertos” o “fuentes”… que casualmente
comparten exactamente su misma visión. La idea de incluir una opinión
discrepante ni siquiera les roza la mente.
Cuando detectes este truco tan repetido, la respuesta más
sana y eficaz es sencilla: pasar página o cambiar de canal.
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Un tema recurrente en el debate público sigue siendo el
aborto, que rara vez se aborda desde la independencia y sí, con frecuencia,
desde la manipulación para utilizarlo como herramienta de ataque a los
adversarios.
Lo primero que cabría señalar es que el aborto no es
ningún derecho. Sí lo es el “derecho a la vida”; también se puede exigir el
“derecho a la propia muerte” en ciertos contextos éticos y legales; pero no
parece razonable pedir “el derecho de matar a otro”. Ese derecho se lo arrogan
todos los Gobiernos cuando deciden participar en guerras; también se lo arrogan
las dictaduras para “eliminar” a la resistencia; y en algunos lugares, incluso
las democracias que mantienen la pena de muerte.
Defender o atacar el aborto no es de derechas ni de
izquierdas, no es de religión ni de agnosticismo; es simplemente una cuestión
moral que trasciende cualquier etiqueta que quieran ponerle.
Por mi parte, ofreceré a continuación algunas reflexiones.
Precisamente en el marco de la defensa de los pacientes,
si hay alguien a quien debemos prestar una atención especial es a aquellos que,
por la gravedad de su enfermedad, por su edad o por su menor capacidad de
autonomía o discernimiento, no tienen posibilidad de hacer oír su voz y hacer
valer sus derechos. Sobre estos —los que aún no han traspasado la barrera de su
nacimiento o los que se encuentran al final de su vida— se centra un debate
social en el que otros quieren decidir por ellos. Llamar al aborto
“interrupción voluntaria del embarazo” es, en muchos casos, un eufemismo que
sirve para anestesiar conciencias.
Comencemos por el inicio de la vida, que es el momento de
la unión del óvulo y el espermatozoide. A partir de ese instante se inicia el
camino de una vida humana, un camino al que se pretende poner plazos
arbitrarios para poder cortarlo a nuestro antojo, sin conceder a ese ser vivo
ningún derecho. Con la fecundación comienza la aventura de una vida humana,
cuyas principales capacidades requieren tiempo para desarrollarse y poder
actuar.
No entraremos aquí en el debate sobre en qué momento
exacto se pretende considerar al nuevo ser con derecho a la vida: si a las 14
semanas (plazo libre actual en España), a las 22 o incluso desde el nacimiento.
Hay quienes argumentan que la futura madre tiene derecho a
decidir porque ese nuevo ser depende de ella. Pero la dependencia no equivale a
ser parte del organismo materno. Tampoco después de nacer puede un niño vivir
independientemente de la madre o de cuidados apropiados.
Otros sostienen que el embrión solo es humano cuando tiene
actividad eléctrica cerebral, señalando que el electroencefalograma es plano
hasta alrededor de la octava semana. Pero ¿significa eso que no es vida humana?
El desarrollo del cerebro es muy lento: la actividad eléctrica comienza a
detectarse hacia los 43 días, y ni siquiera el niño recién nacido tiene
completado su sistema nervioso ni la formación neuronal. Solo hacia los seis
años puede considerarse anatómicamente acabado el cerebro. ¿Dónde está, pues,
esa frontera precisa para conceder derechos como a cualquier ser humano?
Se está promocionando y vendiendo el “derecho al aborto”
como si fuera un método anticonceptivo más. Mayor aberración no cabe. Los
anticonceptivos sirven para evitar la fecundación; el aborto no la evita.
Alentando el aborto se desincentiva el uso responsable de anticonceptivos,
derivando casos hacia clínicas que se benefician económicamente. Se utiliza a
las mujeres como mercancía para beneficio de unos pocos.
El aborto es una decisión traumática (si se tiene un
mínimo de conciencia) y conlleva riesgos sanitarios. Es consecuencia de un
embarazo no deseado al que, en muchos casos, no tendría que haberse llegado,
gracias a una educación sexual adecuada y al uso de métodos anticonceptivos.
Solo considerado como último recurso, cuando todo lo
anterior ha fracasado, no creo que deba penalizarse a la madre que decide
recurrir a él. Pero de ahí a promocionarlo y normalizarlo como opción
rutinaria, hay un abismo.
Es imprescindible ofrecer a las mujeres que consideran
abortar una información completa, objetiva y equilibrada sobre todos los
supuestos y posibilidades. Hoy, según los datos oficiales del Ministerio de
Sanidad, más del 94 % de los abortos se justifican por “decisión voluntaria de
la mujer”, mientras que solo un pequeño porcentaje responde a riesgos graves
para la salud. Sin embargo, un estudio longitudinal de 30 años publicado en el
British Journal of Psychiatry (Fergusson et al., 2008) concluyó que no hay
evidencia de que el aborto reduzca los riesgos de salud mental en mujeres con
embarazos no deseados; por el contrario, sugirió un posible pequeño aumento en
ciertos trastornos.
También debería ser obligatorio un período de reflexión
para que la mujer pueda asimilar, madurar y decidir con serenidad. Y,
finalmente, habría que ofrecer ayudas sociales reales en caso de que decida
continuar con el embarazo. Unas ayudas que, en demasiados casos, siguen
brillando por su ausencia o son insuficientes.
En último término, habría que facilitar dar al hijo en
adopción cuando la madre lo desee. Miles de familias españolas estarían
dispuestas a acogerlos con cariño, pero los procedimientos legales siguen
siendo complejos y largos (a menudo de varios años), lo que desanima a muchas.
La adopción nacional e internacional sigue siendo un calvario burocrático para
las parejas que desean adoptar.
Las medidas legislativas actuales —con la ley de plazos
que permite la interrupción libre hasta las 14 semanas, y hasta las 22 en
ciertos supuestos— dejan cada vez más desprotegida la vida de los inocentes. El
ambiente general que se ofrece a través de numerosos medios de comunicación
induce a pensar que el aborto es algo que debe entrar en la normalidad social.
No solo habría que revisar la legislación actual, sino impedir que derive hacia
posiciones aún más permisivas.
Decía Julián Marías que “la aceptación social del aborto
es, sin excepción, lo más grave que ha acontecido en el siglo XX”. Y hoy, en
pleno siglo XXI, la cifra sigue siendo elocuente: en 2024 se registraron en
España 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, según datos del
Ministerio de Sanidad, con una tasa de 12,36 por cada 1.000 mujeres en edad
fértil. Cada año se pierden decenas de miles de vidas humanas en desarrollo. Se
habla de “derecho” y, sin embargo, se está aplastando el primero y más fundamental
de todos: el derecho a la vida.
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En un congreso de la profesión médica se dedicó una mesa redonda
a la formación continuada. La conclusión fue unánime: la formación no debe ser
impuesta por los empleadores, sino elegida libremente por cada médico, que es
quien mejor sabe qué necesita actualizar. Hubo también consenso en que el apoyo
de la industria farmacéutica a esta formación ha sido y sigue siendo muy
positivo, siempre que no intervenga en los contenidos, para evitar cualquier
sesgo comercial.
Hasta aquí, todo lógico y correcto. Pero surge una
pregunta incómoda: si los laboratorios son empresas con fines de lucro y no
pueden dirigir el dinero invertido hacia sus intereses comerciales, ¿para qué
lo gastan?
La realidad muestra que los médicos siguen solicitando ese
apoyo y que la industria acepta que sean los propios profesionales —a menudo a
través de las sociedades científicas— quienes decidan los contenidos. ¿Estamos
ante una contradicción? ¿Mentira o ingenuidad?
Ni una cosa ni la otra. La explicación es mucho más
sencilla y, al mismo tiempo, más honesta de lo que suele reconocerse públicamente.
Los laboratorios presentan su contribución como un gesto de “compromiso
social”, casi como si fueran organizaciones no gubernamentales. Pocas personas
se lo creen del todo. ¿No sería más creíble y transparente decir la verdad sin
rodeos?
La verdad es la siguiente: las compañías farmacéuticas
financian cursos, congresos y actividades formativas cuyos contenidos son
elegidos por los médicos y sociedades científicas, sin que el programa esté
orientado a ensalzar un producto concreto. Lo hacen porque, gracias a ese
patrocinio, sus visitadores médicos (o delegados) pueden acceder más fácilmente
a los profesionales. En los prolegómenos, los descansos o las reuniones
logísticas previas, surge la oportunidad natural de hablar de las novedades de
sus medicamentos, de sus características, estudios y ventajas diferenciales.
Esa información, que nadie conoce mejor que el propio laboratorio, llega así al
médico para que pueda prescribir con mayor conocimiento.
Es así de simple. Ante las trabas crecientes a la visita
médica tradicional —limitaciones de tiempo, restricciones hospitalarias y
administrativas—, la industria ha tenido que buscar caminos alternativos para
cumplir su función esencial: informar puntualmente sobre los avances en
medicamentos, tanto nuevos como ya establecidos en el mercado.
Quien conozca el sector desde dentro sabe que cualquier
empresa que patrocina algo es lógico que exija ver en qué se invierte su
dinero. Las sociedades científicas diseñan los programas, los laboratorios los
pagan y, como contrapartida razonable, obtienen una mayor facilidad de acceso a
los médicos. El curso en sí permanece “aséptico” desde el punto de vista
comercial. Otra cosa es cuando un laboratorio organiza directamente un evento:
entonces los contenidos sí se centran en sus productos y los ponentes destacan
sus ventajas, lo cual es perfectamente legítimo.
La realidad observada suele ser incluso la inversa de la
imagen de “filantropía”: los laboratorios pagan cursos, libros, publicaciones o
acciones, y son las sociedades científicas las que se llevan la mayor parte del
mérito público. La presencia del patrocinador se reduce frecuentemente a un
discreto logotipo en la contraportada, una oportunidad de visita y el
agradecimiento de los organizadores. Cientos de libros financiados por la
industria llegan a manos de los médicos con apenas una mención mínima al
financiador.
Según los datos publicados por Farmaindustria
correspondientes a 2023, la industria destinó 232 millones de euros a apoyar la
formación continuada de profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y
enfermeros). De esa cantidad, 128 millones fueron para organizaciones
sanitarias que organizan congresos y reuniones, y 104 millones en ayudas
directas a profesionales para facilitar su participación. En 2024 las cifras se
mantuvieron en niveles similares, rondando los 242 millones solo en formación.
Todo ello dentro del marco del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria,
que establece normas estrictas para garantizar la independencia de los contenidos
y evitar que el patrocinio se convierta en un incentivo indebido para la
prescripción.
Nadie niega que esta colaboración sea beneficiosa:
actualiza conocimientos, mejora la calidad asistencial y, en último término,
beneficia a los pacientes. Pero pretender presentarla como un acto de pura
generosidad desinteresada es, cuando menos, incompleto. Sería mucho más
saludable para todos —profesionales, industria y sociedad— reconocer
abiertamente la naturaleza mutuamente beneficiosa de esta relación: los médicos
obtienen formación de calidad y acceso a información actualizada; las
sociedades científicas, recursos para organizar actividades; y los
laboratorios, canales legítimos y eficientes para informar sobre sus productos.
La formación médica continuada necesita más financiación
pública independiente, sin duda. Mientras tanto, mientras el sistema dependa en
gran medida del patrocinio privado, la honestidad intelectual exige llamar a
las cosas por su nombre: no es filantropía ficción, sino una alianza práctica
entre dos sectores que, cada uno desde su rol, contribuyen al avance del
conocimiento médico.
La transparencia ya existe en buena medida gracias a la
publicación anual de las “transferencias de valor”. Quizá el siguiente paso sea
hablar con mayor claridad sobre los motivos reales de esa colaboración. Solo
así se evitarán sospechas innecesarias y se fortalecerá la confianza en todo el
sistema. Esta es la verdad que no se quiere reconocer cuando se habla del patrocinio
de la industria farmacéutica.
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Vamos a repasar hoy el “Decálogo de los 10 NO del ser
humano trabajador” para conseguir una conciliación real y una igualdad sin
distinciones tanto para hombres como para mujeres (de ahí que hablemos de “ser
humano” para que sea aplicable por igual tanto a hombres como a mujeres).
1.- NO renuncies a tu vida personal por tu vida
profesional, ni al revés.
Conciliar ambas es un derecho irrenunciable. Desterremos
de una vez el mito de que progresar profesionalmente exige descuidar la familia
o la vida privada. Conciliar no significa trabajar menos, sino trabajar mejor,
de forma más eficaz y productiva. Esto lo deben exigir y practicar tanto
hombres como mujeres.
2.- La casa NO es un segundo empleo.
Las tareas domésticas y el cuidado del hogar no son “cosa
de mujeres”. La gestión del hogar forma parte de la vida personal de todas las
personas y sus responsabilidades deben compartirse equitativamente. Si ambos
trabajan fuera de casa, la carga se reparte al 50 %.
3.- NO aceptes nunca la expresión “mi pareja ayuda en
casa”.
En el hogar y con los hijos, nadie “ayuda”: se comparte en
igualdad de condiciones. El verbo “ayudar” implica que una persona es la
responsable principal y la otra solo colabora. Esa mentalidad debe desaparecer.
4.- NO asumas en solitario la educación y el cuidado de
tus hijos.
Los hijos son responsabilidad compartida. Es fundamental
que el niño o la niña perciba que ambos progenitores desempeñan el mismo papel.
No debe quedar la imagen de que “papá trabaja y mamá se ocupa de todo” o
viceversa.
5.- Aprende a decir NO en el trabajo.
Es esencial saber rechazar peticiones que no corresponden
a tus funciones o que suponen una ampliación indebida de tu jornada. Decir NO
con respeto y asertividad protege tu tiempo y tu salud. Esto vale exactamente
igual para hombres y mujeres.
6.- NO estamos en el siglo XX.
Los roles tradicionales que asignaban al hombre el trabajo
fuera de casa y a la mujer el cuidado del hogar ya no tienen sentido en la
sociedad actual. Mantener ese reparto solo perpetúa desigualdades. Hoy
corresponde una distribución equitativa de obligaciones y derechos.
7.- Los hijos NO son un lujo, son un derecho y una gran
responsabilidad.
Tener hijos y dedicarles el tiempo necesario es un derecho
natural. Nadie debe insinuar que son un capricho o un obstáculo profesional. La
sociedad y las empresas deben facilitar, no penalizar, el ejercicio de ese
derecho.
8.- La conciliación NO es un favor que te hace la empresa.
Reclamar tiempo para conciliar no requiere justificación,
ni las empresas otorgan un privilegio cuando lo conceden. Es un derecho laboral
y un elemento clave de bienestar y productividad que beneficia a toda la
organización.
9.- NO permitas que se incumpla sistemáticamente tu
jornada laboral.
Exige que tu horario termine a la hora establecida y que
se respeten rigurosamente los permisos, reducciones de jornada y derechos que
te corresponden. Cumplir la jornada es tan importante como respetarla.
10.- NO des tu causa por perdida.
Reclama tus derechos con constancia, al tiempo que cumples
con tus deberes. Solo así las empresas, las administraciones y la sociedad avanzarán
hacia una verdadera igualdad.
La igualdad no consiste en pasar privilegios de unos a
otros; consiste en compartir al 50 % tanto las obligaciones como los derechos y
beneficios, entre hombres y mujeres trabajadores.
Por unos horarios más racionales
En definitiva, la racionalización de los horarios
laborales en España no es un capricho: es una necesidad urgente y una palanca
de progreso social y económico. Humanizar los horarios, hacerlos convergentes
con los de los países de nuestro entorno, no es retroceder: es modernizar el
país y construir una sociedad más justa, saludable y productiva. No se trata de
trabajar menos sino de trabajar a pleno rendimiento (sin distracciones, sin
charlas de pasillo, sin descansos exagerados, etc.) las horas que correspondan,
tal como se hace en los países europeos avanzados
“Editoriales diferentes”:
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La actualidad es tan frenética y diversa que a los
periodistas nos cuesta a veces encontrar “la noticia del día” o el tema
perfecto para nuestra columna. Hay tanto donde elegir que uno se pregunta cómo sorprender
cada vez a la audiencia, ser original y evitar la monotonía.
Pues bien, desde esta tribuna he decidido crear un premio
para todo lo contrario: el Premio Duracell al periodista más monotemático del
año.
Bases del premio:
1.- Podrán optar al galardón todos los periodistas de
prensa escrita que ejerzan su profesión en cualquier medio de comunicación
español.
2.- Se premiará al periodista que, con mayor insistencia y
perseverancia, escriba siempre sobre el mismo tema.
3.- Da igual el género que utilice (crónica, tribuna,
noticia, crítica o comentario). Lo importante es que todos sus textos giren, de
forma permanente y casi obsesiva, en torno a un único asunto o personaje.
4.- Se valorará especialmente a quienes publiquen en
varios medios distintos, pero mantengan el mismo tema en todos ellos, como un
mantra inagotable.
5.- Se puntuará con nota alta el tono moralista y
aleccionador, ese estilo que demuestra que el autor (o autora) se considera
infalible en sus juicios y que su verdad es la única posible.
6.- El premio consistirá en un bonito dibujo personalizado
del conejito Duracell con la cara del ganador, como símbolo de su constancia
inquebrantable por conseguir que aquello que a él o ella le obsesiona nos
obsesione también a los demás.
¿Quieres participar o proponer a algún candidato
especialmente “merecedor”?
Puedes escribir a este blog. Las candidaturas se admitirán
hasta el 28 de diciembre de 2026.
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